¿En qué consistía el contrato histórico de la rabassa morta en Cataluña?

El presente artículo analiza la naturaleza jurídica, el desarrollo histórico y los conflictos socioeconómicos derivados del contrato agrario conocido como rabassa morta en el territorio catalán.

¿Qué era exactamente la rabassa morta y cómo funcionaba?

La rabassa morta, o cepa muerta, era un contrato agrario histórico muy extendido en Cataluña mediante el cual se cedía a un agricultor una porción de tierra con el propósito exclusivo de cultivar vides. La vigencia de este acuerdo quedaba vinculada a la vida biológica de las plantas: el contrato se prolongaba mientras vivieran los dos tercios de las cepas plantadas originariamente por el agricultor. A cambio de esta cesión temporal de uso, el cultivador entregaba al propietario una parte proporcional de la cosecha anual obtenida.

¿Cuál era la naturaleza jurídica de este acuerdo agrario?

La naturaleza jurídica exacta de esta figura contractual ha sido objeto de debate entre los especialistas en derecho histórico. Mientras que la mayoría de los análisis jurídicos e históricos consideran que se trataba de una variante de un censo enfitéutico, otros estudiosos sugieren que respondía más bien a las características de un contrato de alquiler tradicional. Esta ambigüedad jurídica influyó notablemente en los posteriores enfrentamientos sobre la propiedad de la tierra.

¿Cómo influyó el siglo XVIII en la prolongación de estos contratos?

Durante el siglo XVIII, el crecimiento demográfico general y la fuerte inflación revalorizaron considerablemente las tierras agrícolas. La alta demanda y las facilidades para exportar los excedentes vinícolas motivaron a los rabassaires a intentar alargar de manera indefinida la vigencia de sus contratos. Para lograrlo, los agricultores empleaban la técnica de plantar nuevos sarmientos junto a las cepas moribundas con el fin de sustituirlas de manera progresiva, logrando así que la viña mantuviera una vida continuada.

¿Qué consecuencias económicas y sociales trajo la prosperidad vinícola?

El incremento constante en los precios de comercialización del vino y del aguardiente propició un periodo de notable bonanza económica en las comarcas vinícolas catalanas. Como consecuencia directa de esta prosperidad, la población de dichas zonas experimentó un crecimiento demográfico que llegó a triplicarse. En este contexto, la figura del jornalero agrícola prácticamente desapareció, polarizándose la estructura social local entre los propietarios del dominio directo y los rabassaires, quienes al poseer el dominio útil de la tierra figuraban prácticamente como dueños en los registros de la propiedad.

¿Por qué surgieron disputas legales entre propietarios y rabassaires?

Los terratenientes, titulares del dominio directo de las fincas, consideraron que la sustitución indefinida de cepas perjudicaba sus intereses patrimoniales. El conflicto institucional se resolvió inicialmente a favor de los propietarios cuando la Audiencia de Barcelona dictó sentencia en 1756, estableciendo que el contrato quedaba extinguido por la muerte natural de las cepas originales o transcurridos cincuenta años desde su firma inicial.

¿Qué papel desempeñó la plaga de la filoxera en esta crisis?

A finales del siglo XIX, la llegada a Cataluña de la plaga de la filoxera, originaria de Francia, devastó las cepas autóctonas tradicionales. Esta destrucción masiva provocó una drástica caída en los ingresos de los agricultores. Además, al tener que sustituir las plantas destruidas por otras de origen americano que poseían un ciclo de vida mucho más corto, el fundamento temporal tradicional del contrato quedó profundamente alterado.

¿Cómo se reguló legalmente este contrato en los siglos XIX y XX?

El artículo 1656 del Código Civil español de 1889 fijó oficialmente la duración máxima de este tipo de contratos en cincuenta años, extendiendo la figura al conjunto del Estado bajo la denominación de censo a primeras cepas. Para defender sus intereses ante los tribunales y terratenientes, los agricultores se organizaron en la Unió de Rabassaires. Posteriormente, el Parlamento de Cataluña aprobó en 1934 la Ley de Contratos de Cultivo, que otorgaba a los rabassaires la opción de adquirir la propiedad de la tierra mediante una indemnización previa, aunque esta norma fue posteriormente anulada por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Sources & Further Reading

Sobrequés Callicó, Jaume (editor) (1997). Història Contemporània de Catalunya (I). Barcelona: Columna Edicions.