¿Qué fue la Ley de Contratos de Cultivo y por qué desencadenó una crisis en 1934?

La Ley de Contratos de Cultivo fue una norma jurídica aprobada por el Parlamento de Cataluña en marzo de 1934 con el propósito fundamental de proteger a los campesinos arrendatarios, conocidos como rabassaires, y facilitar su acceso a la propiedad de las tierras que trabajaban. Esta legislación se convirtió en el epicentro de un enfrentamiento político e institucional sin precedentes entre la Generalidad de Cataluña y el gobierno central de la Segunda República Española.

¿En qué consistía el contrato histórico de la rabassa morta?

La rabassa morta era un tipo de contrato agrario muy extendido en Cataluña mediante el cual un campesino alquilaba una porción de terreno para cultivar viñedos, con la condición de que el acuerdo quedaba disuelto si moría un tercio de las cepas originales. Históricamente, este sistema generó numerosos litigios entre los propietarios de las tierras y los rabassaires. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la plaga de la filoxera obligó a sustituir las cepas nativas por variedades de origen americano cuya vida útil era considerablemente menor. Como consecuencia, los contratos expiraban con mayor rapidez y los propietarios aprovechaban para expulsar a los campesinos, mientras que los rabassaires defendían que las replantaciones mantenían la continuidad del cultivo original.

¿Cómo impulsó Lluís Companys la aprobación de la ley en el Parlamento catalán?

Tras el fallecimiento del presidente de la Generalidad Francesc Macià en diciembre de 1933, Lluís Companys asumió el cargo y promovió con firmeza una reforma agraria adaptada a las particularidades del campo catalán. En aquel sector vitícola, aproximadamente 70.000 pequeños agricultores dependían de contratos condicionados a la vida de las viñas y afrontaban el riesgo constante del desahucio. En respuesta a esta situación, el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad el 21 de marzo de 1934 la Ley de Contratos de Cultivo, la cual garantizaba a los rabassaires un periodo mínimo de explotación de seis años y el derecho a adquirir la propiedad de aquellas parcelas cultivadas de forma ininterrumpida durante más de dieciocho años.

Por qué el Tribunal de Garantías Constitucionales anuló la norma?

La promulgación de la ley provocó la inmediata oposición del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro y de la Lliga Catalana, formaciones que reclamaron al gobierno de la República presidido por Ricardo Samper la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. El 4 de mayo de 1934, el recurso fue presentado bajo el argumento de que el Parlamento catalán había invadido competencias exclusivas del Estado en materia de obligaciones contractuales, reservadas por el artículo 15 de la Constitución de 1931. Por su parte, la Generalidad defendía su actuación amparándose en el artículo 12 de su Estatuto de Autonomía, relativo a la legislación sobre política social agraria. El 8 de junio de 1934, el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró incompetente al Parlamento de Cataluña y anuló la ley por un estrecho margen de trece votos frente a diez.

Cómo respondió la Generalidad de Cataluña ante la sentencia anulatoria?

La respuesta institucional del gobierno catalán consistió en un desafío directo al poder central y a los tribunales. La Generalidad retiró temporalmente a sus dieciocho diputados de Esquerra Republicana de las Cortes Generales y propuso la aprobación inmediata de una ley virtualmente idéntica a la anulada, la cual fue ratificada por el Parlamento catalán el 12 de junio de 1934. Este acto intensificó la tensión política nacional, dividió profundamente a las fuerzas republicanas y socialistas e incrementó la polarización en torno al modelo autonómico español durante los meses previos a los sucesos de octubre.

Cuál fue el desenlace político y el destino posterior de la ley?

El agravamiento del conflicto propició una crisis gubernamental en Madrid que culminó con la entrada de ministros de la CEDA en el ejecutivo presidido por Alejandro Lerroux a principios de octubre de 1934. Este acontecimiento precipitó la Revolución de octubre de 1934, durante la cual Lluís Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. El fracaso de la insurrección conllevó el encarcelamiento del gobierno catalán, la suspensión del Estatuto de Autonomía y la anulación definitiva de la ley, lo que facilitó la tramitación de miles de juicios de desahucio contra los rabassaires. No obstante, la norma recuperó su vigencia legal tras la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, momento en el cual se restituyeron las funciones de las instituciones de la Generalidad.

Sources & Further Reading

• De la Granja, José Luis; Beramendi, Justo; Anguera, Pere. La España de los nacionalismos y las autonomías. Madrid: Síntesis, 2001. ISBN 84-7738-918-7.
• Gil Pecharromán, Julio. La Segunda República. Esperanzas y frustraciones. Madrid: Temas de Hoy-Historia 16, 1997. ISBN 84-7679-319-7.
• Jackson, Gabriel. La República Española y la Guerra Civil, 1931-1939. Barcelona: Crítica, 1976. ISBN 84-7423-006-3.
• Termes, Josep. De la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil (1868-1939). Vol. 6 de la Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar. Barcelona: Edicions 62, 1999. ISBN 84-297-4510-6.
• Ranzato, Gabriele. El gran miedo de 1936. Cómo España se precipitó en la Guerra Civil. Madrid: La Esfera de los Libros, 2014. ISBN 978-84-9060-022-1.