¿Cómo se originó y aplicó la Ley de Orden Público de 1933?

La Ley de Orden Público de 1933 constituyó un marco normativo de excepción aprobado por las Cortes de la Segunda República española el 28 de julio de 1933. Su finalidad principal fue reemplazar a la Ley de Defensa de la República para regular la seguridad del Estado y el control de alteraciones públicas, marcando profundamente el devenir político del régimen republicano y extendiendo su vigencia hasta el periodo franquista.

¿Por qué se aprobó y quién redactó la Ley de Orden Público de 1933?

La norma fue redactada por Oriol Anguera de Sojo, quien por entonces colaboraba con Manuel Azaña y posteriormente ocuparía cargos ministeriales bajo la CEDA. Para su confección, tomó como referencia el anteproyecto elaborado por la Asamblea Nacional durante la dictadura de Primo de Rivera, adoptando directamente su estructura de tres estados de excepción: prevención, alarma y guerra. La sustitución de la anterior Ley de Defensa de la República obedeció a exigencias políticas de los federales liderados por José Franchy Roca o de sectores socialistas que condicionaban su apoyo gubernamental a la derogación de la norma previa.

¿Cuáles eran los tres estados de excepción establecidos por la ley?

La legislación facultaba al Gobierno para decretar de forma directa tres estados especiales sin necesidad de que el poder legislativo suspendiera previamente las garantías constitucionales. El estado de prevención permitía aplicar medidas restrictivas a la libre circulación y suspender temporalmente actividades industriales o comerciales motivadoras de alteraciones, además de censurar publicaciones de manera previa. El estado de alarma se reservaba para situaciones de inminente gravedad, autorizando registros domiciliarios, detenciones preventivas, destierros y prohibición de actos públicos. Finalmente, el estado de guerra transfería el mando supremo a las autoridades militares si la policía civil no lograba restablecer el orden con rapidez.

¿Cómo funcionaban los tribunales de urgencia en materia de orden público?

Durante los estados de prevención y alarma, los delitos contra el orden público no se sometían a los cauces judiciales ordinarios, sino a tribunales de urgencia integrados por magistrados de las audiencias provinciales. No obstante, la promesa constitucional recogida en el artículo 105 de la carta magna republicana sobre el derecho de amparo mediante estos órganos nunca llegó a materializarse plenamente. En los supuestos de estado de guerra, los acusados eran juzgados por consejos de guerra compuestos exclusivamente por mandos militares.

¿De qué manera criticaron los parlamentarios el proyecto de ley?

Durante su tramitación parlamentaria en junio de 1933, la iniciativa legislativa acumuló fuertes críticas por parte de diversos sectores políticos. Antonio Royo Villanova advirtió que el ciudadano quedaba expuesto a la arbitrariedad gubernativa, mientras que Eduardo Ortega y Gasset calificó la norma de improvisada y temible por normalizar la excepcionalidad. Asimismo, figuras como José María Gil Robles y José Antonio Balbontín denunciaron que la ley perpetuaba los abusos de poder y dotaba a futuros adversarios políticos de un instrumento represivo peligroso.

¿Por qué el estado de excepción se convirtió en la regla durante la República?

Lejos de garantizar la normalidad constitucional, la ley fue aplicada de manera casi ininterrumpida por los sucesivos gobiernos de la Segunda República, tanto durante los bienios radical-cedistas como bajo el ejecutivo del Frente Popular surgido en febrero de 1936. La prórroga constante de los estados de alarma y prevención significó que los derechos fundamentales permanecieron suspendidos de forma prácticamente permanente hasta el estallido de la guerra civil española en julio de 1936.

¿Qué recorrido posterior tuvo esta normativa durante el franquismo?

Tras la conclusión de la guerra civil, los mecanismos de control de la Ley de Orden Público de 1933 sirvieron de base para la consolidación de los instrumentos represivos del nuevo régimen dictatorial. La norma republicana continuó aplicándose en diversos aspectos hasta que el general Francisco Franco promulgó una nueva Ley de Orden Público en julio de 1959.

Fuentes & Further Reading

• Ballbé, Manuel. Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983). Madrid: Alianza Editorial, 1983.
• Gil Pecharromán, Julio. La Segunda República. Esperanzas y frustraciones. Madrid: Historia 16, 1997.
• Jackson, Gabriel. La República Española y la Guerra Civil, 1931-1939. Barcelona: Crítica, 1976.
• Payá Poveda, José Miguel. Justicia, Orden Público y Tribunales de Urgencia en la II República. Pamplona: Aranzadi, 2017.