¿Cómo se aprobó y qué supuso la histórica Ley española de Divorcio de 1932?

La promulgación de la Ley española de Divorcio de 1932 marcó un hito sin precedentes en la historia jurídica y social de España al introducir por primera vez el derecho civil a disolver el vínculo matrimonial. Aprobada bajo el marco reformista de la Segunda República, esta legislación buscaba secularizar las instituciones del Estado y garantizar una mayor igualdad entre hombres y mujeres frente a los cánones tradicionales heredados del siglo XIX.

¿Qué estableció exactamente la Constitución de 1931 respecto al divorcio?

La base jurídica de esta reforma provino del artículo 43 de la Constitución de la Segunda República Española, la cual situó a la familia bajo la salvaguardia especial del Estado y estableció la igualdad de derechos entre ambos sexos. El texto constitucional permitía la disolución del matrimonio tanto por mutuo disenso como a petición de cualquiera de los cónyuges siempre que mediara una causa justa.

Hasta ese momento, el Código Civil de 1889 restringía la ruptura matrimonial exclusivamente al fallecimiento de uno de los cónyuges, limitando cualquier otra vía legal a la simple separación de cuerpos. La introducción constitucional de este derecho supuso una transformación radical en la concepción del contrato matrimonial dentro del ordenamiento jurídico español.

¿Quién impulsó el proyecto legislativo y cómo se estructuró en el Parlamento?

El principal impulsor de la medida fue el ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz, quien presentó el proyecto de ley a las Cortes en diciembre de 1931. La normativa constaba de 69 artículos estructurados en diversos capítulos destinados a regular las causas de disolución, el procedimiento judicial, los efectos sobre los hijos, el régimen económico matrimonial y las pensiones alimenticias.

Durante su tramitación parlamentaria en febrero de 1932, la Comisión de Justicia introdujo modificaciones menores, manteniendo el equilibrio entre el mutuo acuerdo y las demandas individuales basadas en causales específicas de gravedad, tales como el adulterio, el abandono culpable o la condena penal prolongada.

¿Qué argumentos esgrimieron los sectores contrarios a la ley durante los debates?

Los sectores conservadores, católicos y tradicionalistas representados en la Cámara, así como formaciones como la Minoría Agraria y la Minoría vasco-navarra, opusieron una resistencia frontal al proyecto. Diputados y eclesiásticos como Ricardo Gómez Rojí y Santiago Guallar Poza argumentaron que el matrimonio era un sacramento indisoluble y que la introducción del divorcio destruiría la estabilidad familiar y aumentaría la criminalidad o los suicidios.

Además de la argumentación doctrinal basada en encíclicas papales, los detractores recurrieron a tácticas de obstrucción parlamentaria, como ausencias prolongadas para romper el cuórum de votación y movilizaciones a través de la prensa católica, intentando retrasar y desacreditar la tramitación legislativa.

¿Cómo valoraron los defensores republicanos y progresistas la nueva legislación?

Por otro lado, los diputados de adscripción republicana y socialista, como Juan Simeón Vidarte y César Juarros, defendieron la ley argumentando que el vínculo conyugal debía sostenerse sobre el afecto mutuo y que el Estado moderno tenía la obligación de liberar a la ciudadanía, en especial a las mujeres, de la subordinación jurídica impuesta por la monarquía anterior.

Los partidarios sostuvieron que la norma actuaría como una válvula de seguridad indispensable para solucionar situaciones de convivencia insostenible sin generar un colapso generalizado de la institución familiar, tesis que posteriormente pareció avalar el moderado índice de solicitudes registradas en los años siguientes.

¿De qué manera afectó la Guerra Civil y la dictadura franquista a la vigencia del divorcio?

El estallido de la Guerra Civil dividió el territorio y la legalidad vigente. Mientras en la zona republicana la ley continuó aplicándose, el bando franquista suspendió los litigios de separación y divorcio mediante un decreto emitido en Burgos el 2 de marzo de 1938.

Tras la victoria militar del general Francisco Franco, la ley de 1932 fue derogada explícitamente el 23 de septiembre de 1939, restituyendo el Código Civil tradicional y declarando nulas con efectos retroactivos numerosas sentencias previas. Posteriormente, el Fuero de los Españoles de 1945 reafirmó constitucionalmente el carácter uno e indisoluble del matrimonio, situación que se prolongó durante más de cuatro décadas hasta la reinstauración democrática en 1981.

Sources & Further Reading

• Juliá, Santos (2009). La Constitución de 1931. Madrid: Iustel. ISBN: 978-84-9890-083-5.
• Daza Martínez, Jesús (1992). La Ley de Divorcio de 1932: presupuestos ideológicos y significación política. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social.
• Nash, Mary (1983). Mujer, familia y trabajo en España, 1875-1936. Barcelona: Anthropos. ISBN: 84-85887-18-2.
• Gómez Piñán, Tomás (1932). El divorcio en España. El Norte de Castilla.